miércoles, abril 16, 2008

El observatorio y la libertad de opinión

El observatorio y la libertad de opinión

nuestra mirada sobre la resolución del Consejo Directivo

Con la resolución tomada por el Consejo Directivo el día 1° de abril se abrieron las puertas a un debate que nuestra facultad y la sociedad se merece. Se exigía al Estado Nacional que ponga en marcha las actividades que prevé el Plan Nacional contra la Discriminación aprobado por medio del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Además, entre otras cuestiones, se destacaba la necesidad de trabajar por una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la actual, fomentada durante la última dictadura militar.
No fue un acto expreso de oficialismo u oposición de nuestro órgano de gobierno. Simplemente cumplió, en esta oportunidad, destacando la necesidad que el Estado trabaje en favor de la libertad de opinión, pero llame la atención sobre ciertos manejos que los medios de prensa no pueden descuidar. Y, naturalmente, posicionó a nuestra institución pública en el sitio donde debe estar, otorgando significado a una realidad para muchos confusa.
Compartir o no una resolución emitida por el Consejo Directivo de nuestra facultad, es debatible. Diríamos, en el marco de una discusión a nivel nacional, que roza lo intrascendente.
Poner en tela de juicio la idoneidad de la Universidad Pública como emisora de opiniones criticas al respecto de la realidad social, es, cuanto menos, preocupante.
Nuestra intención no es posicionarnos en defensa del Consejo Directivo, del cual nuestra agrupación forma parte desde este año. Tampoco pretendemos entronizar a las autoridades de una facultad que vienen mostrando, con mayor o menor voluntad, serias carencias a la hora de resolver muchos problemas con los cuales, inconscientemente, nos estamos acostumbrando a convivir. Entendemos que en este caso no sólo se ataca al órgano de gobierno de la facultad sino también a toda la comunidad de la UBA en general y de la Facultad de Sociales en particular. Se desconoce la idoneidad y la capacidad técnica, científica y profesional de los docentes, graduados y estudiantes que componemos la Facultad de Sociales de la UBA. Y esto, además de preocupante, es inadmisible.
No pretendemos repudiar a aquellos que han criticado desmedidamente la necesidad de reclamar al Estado que cumpla sus funciones regulando los actos discriminatorios que se vierten en los medios de comunicación y que tuvieron en la cobertura del lock-out patronal su paroxismo más palpable. Simplemente no compartimos la visión en cuanto al papel que el Estado debe ocupar en una sociedad que pretende sostener la libertad de opinión de todos los sectores y desenmascarar a aquellos que levantan las banderas de la libertad de prensa de las empresas privadas que monopolizan la comunicación pública. Defendemos el papel que la sociedad le ha dado a nuestra institución pública como garante de la reflexión, la formación de profesionales y el espíritu crítico. Por tal motivo celebramos que se hayan puesto en la agenda pública temas que son de real interés para nuestro país y sobre los cuales el Estado (no este gobierno, ni cualquier otro) debe avanzar para la construcción de un país justo.
Un párrafo aparte nos merecen las agrupaciones que manejan el Centro de Estudiantes de la Facultad (Partido Obrero y aliados). Su actitud es racional. Son voceros en la facultad de la tribuna de doctrina. Y en esta oportunidad, como en tantas otras, menosprecian el debate en torno al rol que debe cumplir el Estado en su relación con los medios de comunicación y la sociedad, la posibilidad de darnos una nueva Ley de Radiodifusión y la necesidad que un actor autónomo y democrático se exprese libre y públicamente (en el marco que concierne a una situación estudiada por la facultad más prestigiosa de nuestro país y una de las carreras de comunicación más brillantes de Latinoamérica). Pero no lo menosprecian por un error táctico. Su error es estratégico. Confundieron históricamente a sus adversarios y son el acicate que sirve a los intereses más conservadores de nuestra sociedad para mantener estas reglas del juego. Y este es su alimento. Los polos que se atraen, dicen.

Por todo lo expuesto, desde La Mandrágora saludamos esta iniciativa del Consejo Directivo, y deseamos que el Gobierno Nacional coloque en el centro de la escena de debate público, la necesidad de regular el derecho de los ciudadanos a recibir una información que, aún representando los intereses de los sectores más retrógrados y conservadores, evada la discriminación lisa y llana como supletoria de la falta de argumentos.

En un país que ha cambiado, y que renueva día a día las esperanzas de muchos argentinos, no debemos desaprovechar el momento de un debate sincero y responsable. Y esto no es sólo un pedido, es una necesidad.

LA MANDRÁGORA

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SOCIALES

En el Consejo Directivo
En la Junta de Carrera de Ciencia Política

viernes, abril 11, 2008

Resolución del Consejo Directivo sobre la actuación de los medios durante el lock out patronal

Buenos Aires, 1 de abril de 2008.



VISTO, la actuación de la mayoría de los medios de comunicación con motivo de la cobertura del lock out planteado por los productores agropecuarios; y


CONSIDERANDO, que los medios de comunicación son mayoritariamente empresas configuradas como sociedades comerciales que aún cuando desarrollen una actividad comercial lícita, cabe reclamárseles responsabilidad ética y función social distintivas.

Que aquello con lo que trabajan y construyen sus agendas son mensajes en los que las palabras y las imágenes pesan de modo extraordinario en los que las informaciones, opiniones, puntos de vista, recortes de la realidad, son todas de una indudable y creciente influencia social y política;

Que el reconocimiento al derecho a la información como derecho humano importa garantizar no sólo la libertad de expresión sin censura previa por los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas , sino también y fundamentalmente los derechos de quienes reciben informaciones y opiniones como un derecho humano esencial de contenido individual y social de doble vía;

Que, en durante el tratamiento periodístico de los hechos vinculados al lock out de la actividad agrícola-ganadera, han existido expresiones de periodistas – no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores – que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan;

Que el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos;

Que la gran bonanza económica que vive la producción agropecuaria pos devaluación ha generado un mercado publicitario extraordinario para los medios de comunicación, verificada por la proliferación de espacios dedicados a la información rural, no debería influir explícitamente en la línea editorial de los distintos medios, sin perjuicio de que sería hacer conocer al público de modo ostensible el listado y compromiso económico aportado por los anunciantes.;

Que ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus causas y consecuencias.




Que ello pone de manifiesto, en particular para los medios audiovisuales una constatación empírica de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo;

Que aunque en este contexto hace difícil para los hombres de prensa hacer oír sus voces cuando no comparten las líneas editoriales, ello nunca puede suponer la admisión de expresiones discriminatorias como naturales a la profesión y respetuosas de las líneas éticas de la misma.

Que ocurre lo propio, y es igualmente preocupante, respecto a la carencia de comunicaciones públicas de los medios que pongan de manifiesto preocupación por los dichos discriminatorios de quienes actúan por sus cámaras, micrófonos o páginas.

Que los propios periodistas, a través de sus diversas organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación;

Que existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometen acciones discriminatorias

Que para nuestra Facultad, que alberga a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, los medios de comunicación y la actividad de los periodistas profesionales constituyen dos de sus principales objetos de estudio;


EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

RESUELVE:

Artículo 1º- Expresar el repudio a las expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.

Artículo 2º- Exhortar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades:
a) realice campañas por vía de la utilización de espacios para la difusión de cuestiones de interés público (art. 72 Ley 22.285) que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias
b) Proceda a realizar las actividades previstas en la Propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05 por medio del Observatorio Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y de acuerdo a sus objetivos, en los espacios referidos en el punto anterior publique el seguimiento de los contenidos de las emisiones de radio y televisión referidas en los considerandos y difunda las conclusiones respectivas.
c) Realice las investigaciones del caso a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.
Artículo 3º- Invitar a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las faltas éticas graves que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto por la renta agraria. Como así también a que convoquen al ejercicio responsable en el tratamiento de la información.

Artículo 4º- De forma.

Invitación a Presentación Libro-Juan Abal Medina