El observatorio y la libertad de opinión

El observatorio y la libertad de opinión

nuestra mirada sobre la resolución del Consejo Directivo

Con la resolución tomada por el Consejo Directivo el día 1° de abril se abrieron las puertas a un debate que nuestra facultad y la sociedad se merece. Se exigía al Estado Nacional que ponga en marcha las actividades que prevé el Plan Nacional contra la Discriminación aprobado por medio del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Además, entre otras cuestiones, se destacaba la necesidad de trabajar por una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la actual, fomentada durante la última dictadura militar.
No fue un acto expreso de oficialismo u oposición de nuestro órgano de gobierno. Simplemente cumplió, en esta oportunidad, destacando la necesidad que el Estado trabaje en favor de la libertad de opinión, pero llame la atención sobre ciertos manejos que los medios de prensa no pueden descuidar. Y, naturalmente, posicionó a nuestra institución pública en el sitio donde debe estar, otorgando significado a una realidad para muchos confusa.
Compartir o no una resolución emitida por el Consejo Directivo de nuestra facultad, es debatible. Diríamos, en el marco de una discusión a nivel nacional, que roza lo intrascendente.
Poner en tela de juicio la idoneidad de la Universidad Pública como emisora de opiniones criticas al respecto de la realidad social, es, cuanto menos, preocupante.
Nuestra intención no es posicionarnos en defensa del Consejo Directivo, del cual nuestra agrupación forma parte desde este año. Tampoco pretendemos entronizar a las autoridades de una facultad que vienen mostrando, con mayor o menor voluntad, serias carencias a la hora de resolver muchos problemas con los cuales, inconscientemente, nos estamos acostumbrando a convivir. Entendemos que en este caso no sólo se ataca al órgano de gobierno de la facultad sino también a toda la comunidad de la UBA en general y de la Facultad de Sociales en particular. Se desconoce la idoneidad y la capacidad técnica, científica y profesional de los docentes, graduados y estudiantes que componemos la Facultad de Sociales de la UBA. Y esto, además de preocupante, es inadmisible.
No pretendemos repudiar a aquellos que han criticado desmedidamente la necesidad de reclamar al Estado que cumpla sus funciones regulando los actos discriminatorios que se vierten en los medios de comunicación y que tuvieron en la cobertura del lock-out patronal su paroxismo más palpable. Simplemente no compartimos la visión en cuanto al papel que el Estado debe ocupar en una sociedad que pretende sostener la libertad de opinión de todos los sectores y desenmascarar a aquellos que levantan las banderas de la libertad de prensa de las empresas privadas que monopolizan la comunicación pública. Defendemos el papel que la sociedad le ha dado a nuestra institución pública como garante de la reflexión, la formación de profesionales y el espíritu crítico. Por tal motivo celebramos que se hayan puesto en la agenda pública temas que son de real interés para nuestro país y sobre los cuales el Estado (no este gobierno, ni cualquier otro) debe avanzar para la construcción de un país justo.
Un párrafo aparte nos merecen las agrupaciones que manejan el Centro de Estudiantes de la Facultad (Partido Obrero y aliados). Su actitud es racional. Son voceros en la facultad de la tribuna de doctrina. Y en esta oportunidad, como en tantas otras, menosprecian el debate en torno al rol que debe cumplir el Estado en su relación con los medios de comunicación y la sociedad, la posibilidad de darnos una nueva Ley de Radiodifusión y la necesidad que un actor autónomo y democrático se exprese libre y públicamente (en el marco que concierne a una situación estudiada por la facultad más prestigiosa de nuestro país y una de las carreras de comunicación más brillantes de Latinoamérica). Pero no lo menosprecian por un error táctico. Su error es estratégico. Confundieron históricamente a sus adversarios y son el acicate que sirve a los intereses más conservadores de nuestra sociedad para mantener estas reglas del juego. Y este es su alimento. Los polos que se atraen, dicen.

Por todo lo expuesto, desde La Mandrágora saludamos esta iniciativa del Consejo Directivo, y deseamos que el Gobierno Nacional coloque en el centro de la escena de debate público, la necesidad de regular el derecho de los ciudadanos a recibir una información que, aún representando los intereses de los sectores más retrógrados y conservadores, evada la discriminación lisa y llana como supletoria de la falta de argumentos.

En un país que ha cambiado, y que renueva día a día las esperanzas de muchos argentinos, no debemos desaprovechar el momento de un debate sincero y responsable. Y esto no es sólo un pedido, es una necesidad.

LA MANDRÁGORA

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SOCIALES

En el Consejo Directivo
En la Junta de Carrera de Ciencia Política